Ante la inminente aprobación y promulgación de la ley de Resguardo del Orden Público, el 3 de enero del 2012, se conformó la Coordinadora por la Libertad de Manifestación, para articular fuerzas y capacidades en este nuevo escenario de criminalización del movimiento social.
Esta nueva ley que ya está en proceso, castiga con hasta 3 años de cárcel a quienes solo interrumpan «La libre circulación» o corten una calle, convierte en delito la toma y ocupación de cualquier establecimiento público o privado, como liceos y universidades y permite que la policía, sin orden previa, requise a quien quiera fotos y grabaciones de cualquier manifestación para buscar (o fabricar) pruebas.
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